Los días 6 y 7 de febrero se celebró el 4º Congreso Profesional del Mediterráneo: Insolvencia y Sociedades, en el Asia Gardens Hotel & Thai Spa de Benidorm (Alicante). Un encuentro organizado por los Colegios de Economistas de Alicante, Valencia, Castellón y Murcia, y los Colegios de Abogados de Alicante, Valencia y Murcia. Dos intensos días en los que se expusieron y debatieron novedades jurisprudenciales en materia societaria y concursal: se habló del concurso transfronterizo y se trataron los pactos parasociales, entre otras temáticas. Una oportunidad única para poner en común los conocimientos sobre todos estos temas y que reunió a prestigiosos especialistas a nivel nacional e internacional.

Previamente a la primera mesa se realizó la acreditación de los asistentes y la mesa inaugural en la que estuvieron presentes: D. Fernando Candela Martínez, Vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española; D. Alfred Albiol Paps, presidente del REFOR; D. Juan José Enríquez Barbé, Decano del Colegio de Economistas de Valencia – COEV) y D. José Gabriel Sánchez Torregrosa, diputado de la Junta de Gobierno del COlegio de Abogados de Murcia (ICAMUR).

La primera jornada comenzó con la mesa "Novedades jurisprudenciales en materia societaria y concursal" de la mano de D. Luis Seller Roca de Togores, Magistrado-Juez Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia; D. Francisco Cano Marco, Magistrado Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia y D. Rafael Giménez Ramón, Magistrado de la Audiencia Provincial de Castellón. Una exposición donde se trataron las últimas novedades jurisprudenciales sobre la responsabilidad concursal en la sección de calificación (Art. 172 Bis LC), la validez de determinadas cláusulas en el convenio, costas y gastos judiciales, la aplicación del Art. 176 Bis de la LC y la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre pagos del FOGASA y su relación con el Art. 154 de la LC, entre otras cuestiones analizadas. 

La segunda conferencia trató el tema de "Concurso transfronterizo", y en ella participó D. Carlos Nieto Delgado, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid. El ponente explicó cómo cada vez es más frecuente que las situaciones de insolvencia afecten, no sólo a sociedades nacionales, sino que por el contrario incluyan sociedades con delegaciones, grupos de sociedades o sociedades participadas con residencia en terceros países. Y al respecto, destacó que las principales novedades del Reglamento 205/848 son: "la extensión de su ámbito de aplicación, las normas de derecho aplicable y las normas de cooperación en la insolvencia transfronteriza de los grupos".

Tras el almuerzo, fue el turno de "Cláusulas de pactos parasociales y protocolo familiar, implicaciones en el concurso de acreedores", con D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo; D. José Luis Fortea Gorbe, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Alicante (con sede en Elche) y D. Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid. En la misma se trataron cuestiones relacionadas con las consecuencias del incumplimiento de los pactos parasociales en las empresas, tanto si están como si no en situación concursal, así como la calificación en sede concursal de los créditos derivados de dicho incumplimiento. También se analizó la problemática de los protocolos familiares y las consecuencias de su incumplimiento.

Lo más destacado de la jornada fue la última conferencia sobre "Configuración jurisprudencial de la responsabilidad de los administradores sociales", que corrió a cargo de D. Pedro José Vela Torres, Magistrado del Tribunal Supremo de la Sala Primera de lo Civil de Madrid, junto a D. Leandro Blanco García-Lomas, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante. Por su parte, Pedro José Vela trató en profundidad la cuestión de la responsabilidad por deudas y determinó las siguientes conclusiones: "el administrador responderá únicamente por las deudas contraídas durante el ejercicio de su cargo, ni por las anteriores, ni por los posteriores". Además apuntó que: "si un administrador accede a su cargo cuando la sociedad está ya en causa de disolución, tendrá un plazo de dos meses para instar la disolución sin incurrir en responsabilidad". Finalmente concluyó que: "la declaración de concurso no exime de la responsabilidad de los administradores, ya que no han instado la disolución si estaba en causa legal para ello".

Al día siguiente, prosiguió el 4º Congreso Profesional del Mediterráneo: Insolvencia y Sociedades a partir de las 9:30 horas, finalizando de 13:00 a 14:00 horas con una de las ponencias más esperadas, la conferencia de clausura impartida por Dª. Juana Pulgar Ezquerra, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, que cerró esta edición tratando la "Transposición de directivas".

La jornada comenzó a primera hora con la mesa dedicada a la "Segunda oportunidad". En ella Dª. Matilde Cuena, Catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid, informó al auditorio sobre las nuevas líneas interpretativas y legislativas que marca la nueva Directiva de Insolvencias y las previsibles reformas que supondrá su transposición. Por su parte, D. Carlos Puigcerver Asor, Magistrado Inspector del CGPJ y un de los Magistrados con más experiencia del país en la materia, analizó otras cuestiones controvertidas como la exclusión en el proceso de liquidación de la vivienda familiar o la calificación de las deudas públicas derivadas por las administraciones públicas a los administradores sociales. Asimismo, Dª. Mª Dolores de las Heras García, Magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Murcia, analizó la última y relevante Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de obtención del BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Inatisfecho), que marca la caída del blindaje del crédito público.

Tras la pausa café, tuvo lugar la mesa de "Medidas cautelares. El concurso y otras jurisdicciones", a la que acudieron como ponentes: D. Salvador Vilata Menadas, Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia; y D. Francisco Soriano Guzmán, Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. Durante la exposición se hizo un amplio recorrido por las medidas cautelares tanto anteriores como posteriores a la declaración de concurso. Salvador Vilata señaló durante su conferencia que: "a petición del legislativo para instar el concurso necesario, el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor de conformidad por lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

La conferencia de clausura impartida por Dª. Juana Pulgar Ezquerra, Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, cerró esta edición tratando la "Reestructuración temprana y alertas empresariales: la Directiva EU2019/1023". En relación a este tema, la ponente manifestó que: "si nos damos prisa en realizar la Directiva de Reestructuración Preventiva, y lo hacemos bien, podemos reactivar la economía española". La catedrática explicó que el 16 de julio de 2019 entró en vigor la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, la cual debe ser transpuesta por los Estados Miembros en un plazo de dos años, que finaliza el 17 de julio de 2021. Además. señaló que: "aunque parece que quede lejos, resulta de interés conocer hacia dónde vamos para dar respuesta a las deficiencias del derecho europeo de insolvencia y fundamentalmente, para incrementar el grado de armonización entre los Estados Miembros, reduciendo las diferencias en la normativa concursal que existe entre ellos".

Una vez finalizado el 4º Congreso Profesional del Mediterráneo: Insolvencia y Sociedades, D. Francisco Menargues, Decano del Colegio de Economistas de Alicante y uno de los organizadores de mismo, señaló que: "ayer salieron las estadísticas sobre Procedimientos Concursales de 2019 y en ellas se puede ver que, en el cuarto trimestre, se ha producido un incremento del 12% en las declaraciones de concurso de personas jurídicas y un 19% en las de personas físicas. Esto supone un cambio de tendencia que, junto a las modificaciones normativas que se avecinan, justifican sin lugar a duda la próxima edición de este congreso".