​Sobre el Déficit en porcentaje del PIB, la media de conjunto de países
de la UE se sitúa entre el 2% y el 3% anual, alcanzando en el año 2021 el 4,7%.
Entre los países que componen la UE, el que mayor déficit ha presentado en
estos diez años ha sido España, con promedios cercanos al 10% anual, alcanzando
en el año 2021 el 6,9%; parecidas cifras han presentado Grecia y Portugal. Es
decir, que según el vocal de la junta directiva del Colegio de Economistas de
Alicante, Vicente Llopis, “España ya tiene asumida de forma estructural que
el gasto público es superior a los ingresos públicos, o séase, que tiene que
recurrir al endeudamiento para poder sostenerse”.

En cuanto a la Deuda Pública en porcentaje del PIB, la UE, en estos
diez años, ha ido acumulando emisiones de Deuda Pública hasta alcanzar el 88%
en el año 2021. España, en el mismo periodo, ha pasado del 90% de
endeudamiento, al actual 120%, a finales de 2021. Por tanto, alerta Llopis de
que España es una de las economías más endeudadas de la UE, sólo superada por
Italia, cuya deuda es el 150% del PIB, pero que cualitativamente es menos
trascendente porque el endeudamiento suele ser con banco e inversores
italianos, mientras que en España suelen ser acreedores internacionales.

Por lo que respecta al Gasto Público en porcentaje del PIB, en el caso
español ha crecido de forma extraordinaria, ya que siempre ha tenido una
estabilidad de alrededor del 40% del PIB, pero desde finales de 2021 ha
superado el 53% del PIB, algo inaudito, según Vicente Llopis,  “en
cualquier sistema económico, ya que quiere decir que más de la mitad del PIB de
un país se lo gasta el Estado en necesidades de todo tipo. En el caso español,
este incremento es debido a la aparición del temporal Filomena, las
restricciones por la pandemia del Covid-19 y últimamente por el enorme
crecimiento de la inflación (IPC). Este gasto público es enorme y no tiene
visos de reducirse, sino todo lo contrario, ya que se ha legislado sobre
Salario Mínimo Interprofesional (SMI), rigidez de la nueva legislación laboral
del Gobierno actual y el voluminoso peso de la burocracia en nuestro país, que
incluye el Estado Central, las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y otros
funcionarios que, al principio de la democracia, según la Constitución de 1978,
se situaban en 700.000 funcionarios y que, actualmente, han alcanzado la cifra
de 3,5 millones de funcionarios a los que hay que añadir medio millón de políticos
que también reciben dietas y salarios del Estado”.

Sobre los Ingresos públicos, fundamentalmente consisten en la
recaudación de los Impuestos de Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto
de Sociedades (IS), Impuesto de Valor Añadido (IVA) e Impuestos Especiales
(IIEE). “Estos ingresos  no han podido alcanzar el gasto público anual
y de ahí el sempiterno déficit, apunta Llopis”, que añade que “ante esta
tesitura nos encontramos con que jamás podrá situarse el endeudamiento público
en el 60%, ya que para ello habría de tener un superávit que, en el caso de que
fuera del 1%, necesitaría, con sus intereses correspondientes, cien años para
cumplir la ortodoxia del 60%. La solución para el caso español es muy incierta
y más todavía con el bajo nivel de empleo que mantiene y que reduce las
cotizaciones a la Seguridad Social e influye sobre las pensiones de jubilación
que serán cada vez más altas por la longevidad de la población y una esperanza
de vida larga”.

A esta alerta se ha sumado el Banco de España que se muestra mucho más
crítico con el Gobierno español, señalando que la situación es muy
comprometida, los gastos de las Comunidades Autónomas apenas tienen control y
presenta una ensombrecida situación ante las expectativas sobre el impacto de
las jubilaciones de los próximos años, que son las personas que nacieron en la
década de los sesenta en las que el crecimiento vegetativo de la población
española fue muy alto. El Banco de España plantea reducir los impuestos al
trabajo, aumentando la fiscalidad verde, una subida de cotizaciones a las
rentas altas y ser más moderados en el cálculo de las pensiones y el sueldo de
los funcionarios, dejándolos con un crecimiento inferior al IPC anual. “Pero
planea la duda sobre si estas políticas serán suficientes para deshacer el
camino aparentemente sin retorno que ha iniciado España hacia un escenario
económico de deuda perpetua en el que los intereses serán cada vez más elevados
y la incertidumbre sobre cómo lograremos superar este gran bache y salir
indemnes” concluye Vicente Llopis.